COMISIÓN
EUROPEA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS
Servicio de evaluación
económica
Fondos estructurales y
Política Agraria Común
Bruselas,
DG ECFIN, JNF/E3 D(2003).
NOTA AL SR. MURPHY, DIRECTOR DE LA UNIDAD ENV. B1
Asunto:
Plan Hidrológico Nacional Español
Muchas gracias por su carta fechada el 10 de diciembre de 2002 concerniente al PHN. Debido a la importante contribución solicitada a la Comunidad y al gran número de controversias que rodean el proyecto hemos estudiado con extremo cuidado la documentación aportada. También hemos leído la evaluación económica del gobierno Español y algunos otros trabajos académicos para asegurar la objetividad de nuestra respuesta.
Dada la enorme complejidad del plan hidrológico propuesto y el poco tiempo disponible, no es posible para la DG ECFIN ofrecer una opinión definitiva sobre el asunto, pero aportamos aquí una valoración de cómo entendemos la lógica del trasvase. En vista de la documentación, estamos preocupados por la racionalidad económica del plan hidrológico y consideramos que, hasta donde llega nuestra certeza, no ofrece fundamento sólido para la financiación comunitaria. Las razones que enumeramos responderán parcialmente a su primera cuestión. Las cuestiones 2ª y 3ª pueden ser mejor tratadas por la DG COMP y la DG RELEX o TRADE.
Más que la compatibilidad del incremento de la producción con las regulaciones de la PAC (Política Agraria Común), sobre lo cual usted podrá obtener una respuesta más precisa por parte de la DG AGRI, la racionalidad global de garantizar más agua para riego con los actuales precios altamente subvencionados, es muy cuestionable desde un punto de vista económico. Nuestra respuesta se concentra básicamente en el más amplio y más controvertido trasvase sur hacia Almería.
Demanda
actual de agua agraria basada en precios subvencionados
Está claro, por los estudios presentados y por la propia documentación del gobierno Español que el tamaño actual de la producción agrícola en las regiones que se beneficiarán del trasvase es el resultado de unos precios altamente subvencionados. La carga del coste del agua es soportada por el sector urbano-industrial. Los precios para los agricultores son en muchos regiones de 0,03 €/m3 de agua comparado con 1 €/m3 o más para los usos doméstico, urbano o industrial. Los agricultores están pagando un precio muy por debajo del valor real.
No es sorprendente que la producción agrícola y las demandas de riego hayan estado aumentando con unos precios tan subvencionados, que no reflejan la escasez de recursos hídricos. Esta es una política errónea, orientada a suministrar agua barata a la agricultura sin consideración de la capacidad de los recursos. Esto ha disparado un nivel de sobreexplotación de los recursos hídricos locales que es insostenible.
Como solución, el Gobierno está proponiendo un trasvase para paliar la sobreexplotación de los recursos, que cubra en la mayoría de las regiones la demanda actual y la que se espera en el futuro, generadas por los precios actuales. El propósito final del programa parece ser la protección de la producción agrícola o incluso la expansión de los riegos y la producción. Un programa como ese no debería ser acometido, a menos que los costes de oportunidad, esto es, los costes de las alternativas al trasvase, fueran más elevados, lo cual según las evidencias disponibles, no es el caso.
Precios,
utilización de recursos y plan hidrológico
Para que este proyecto sea aceptable desde un punto de vista económico, los precios sombra (los precios del agua no subvencionada) deberían ser más bajos después de que el trasvase estuviese terminado. Hay una convincente evidencia de que este no es el caso. Sería más barato y más eficiente corregir esta política errónea. Dado que los costes del agua trasvasada son considerablemente superiores a los actuales costes del agua por m3 en la región, el trasvase incrementaría de hecho el nivel de subvención del suministro de agua a los agricultores, con lo que la imperfección de la política no sería corregida, sino agravada.
Si a los agricultores se les impusiera el precio correcto del agua del trasvase del Ebro la pérdida en producción, ingresos y empleo sería incluso mayor que (la derivada de) un alza en los precios para corregir la actual sobreexplotación de recursos hídricos.
El estudio encargado por el Gobierno regional de Aragón parece ser riguroso y correcto en su enfoque, a pesar de su oposición oficial al proyecto y del consiguiente riesgo de un posible sesgo en el estudio. De acuerdo con este estudio, un incremento de 0,18 €/m3 en los precios reflejaría la escasez del recurso y sería suficiente para equilibrar la demanda y la oferta de agua en las regiones en cuestión. Los recursos de agua tienen que ser también mejor administrados y coordinados. También se apunta en otros estudios que las pérdidas debidas al deficiente sistema de distribución del agua son muy elevadas y pueden ser reducidas.
Si las estimaciones del Gobierno de Aragón son correctas, este aumento de los precios tendría de hecho un coste social y económico para la agricultura: 6% en la producción, 30% en las rentas netas y 9% en le empleo, pero corregiría las distorsiones causadas por una incorrecta política de precios. La evaluación del gobierno Español carece prácticamente de analisis de costes de oportunidad, y sólo se concentra en la posibilidad de la desalinización de agua del mar, que por si sola no puede satisfacer todas las actuales y futuras demandas de riego. Tampoco discute la posibilidad de corregir la sobreexplotación de recursos hídricos mediante la adecuada fijación de los precios y el abandono de producciones agrícolas no rentables y mal ubicadas.
Conclusiones
Mientras que las políticas de la PAC, la liberalización del comercio mediterráneo y la política de la competencia podrían o no plantear claras barreras específicas al desarrollo del plan hidrológico, la evaluación económica disponible sobre el trasvase Sur de las aguas del Ebro no parece ofrecer argumentos convincentes para proceder. El trasvase planteado sólo es, de acuerdo con la información recogida, corregir el fracaso de una política introduciendo otro fracaso aún mayor.
CAROLE GARNIER
JEFA DE LA UNIDAD