PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE

LA GESTIÓN DEL AGUA

EN EL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL

LA NECESIDAD DE UNA SOLUCIÓN EUROPEA

PARA UN PROBLEMA EUROPEO

Informe elaborado por
Antonio Estevan

Madrid, Julio 2002

ÍNDICE

Pág.

0. INTRODUCCiÓN............................................................................................................ 2

1. Antecedentes: proyectos fracasados y problemas construidos 6

1.1. El Acueducto Tajo-Segura: un fracaso que no sorprendió................................................................................... 7

1.2. Agua del Ebro para Castilla-La Mancha................................................................................................................ 10

1.3. Conclusión: abordar la reordenación agraria y la gestión de la demanda...................................................... 14

2. El marco tecnológico: una rápida transformación................... 17

2.1. La desalación de agua de mar, una tecnología en pleno desarrollo.................................................................. 17

2.2. Una continua reducción de costes........................................................................................................................... 20

2.3. Conclusión: mejorar la eficiencia ecológica de la desalación........................................................................... 21

3. Una solución doblemente inútil: trasvasar agua de mala calidad. 23

3.1. El Ebro, un río con serios problemas de calidad del agua................................................................................... 23

3.2. Una clara tendencia a empeorar.............................................................................................................................. 24

3.3. Conclusión: replantear la estrategia de calidad del agua................................................................................... 28

4. Los costes de una estrategia equivocada........................................ 30

4.1. Cálculo de los costes reales por unidades de demanda....................................................................................... 31

4.2. Unos beneficios sobrevalorados............................................................................................................................... 34

4.3. Conclusión: trabajar con los costes reales de cada alternativa......................................................................... 36

5. Los consumos de energía en el ciclo de vida del proyecto.. 38

5. 1. La necesidad de una actualización metodológica................................................................................................ 38

5.2. Aproximación a la evaluación energética de los trasvases................................................................................. 39

5.3. Conclusión: evitar una nueva amenaza para el Protocolo de Kyoto.................................................................. 44

ANEXOS............................................................................................................................. 46

0. INTRODUCCiÓN

A lo largo de los últimos meses, los trasvases del Ebro contemplados en el PHN se han ido convirtiendo de modo cada vez más evidente en un problema europeo. Así lo demuestra la atención que el Parlamento Europeo le ha dedicado al tema, la intensidad con que los miembros del Parlamento han participado en los debates, y los esfuerzos que está desplegando la Comisión para analizar con especial profundidad este proyecto, incluyendo la solicitud de nueva y más detallada información al gobierno español.

En realidad, con este interés las instituciones comunitarias simplemente están reconociendo al proyecto de trasvases una proyección europea que tiene por derecho propio, por muy diversas razones:

- Los trasvases del Ebro afectarán negativamente a varios espacios de interés comunitario, especialmente humedales, que están clasificados bajo diferentes figuras (ZEPAS, LICS, RAMSAR, NATURA 2000, etc..) y que son fundamentales para la continuidad de los ciclos migratorios o reproductivos de diversas especies de aves de Europa.

- Millones de ciudadanos comunitarios pasan sus vacaciones o tienen segundas residencias en las costas mediterráneas españolas, por lo que tienen interés directo en ser abastecidos con agua de calidad durante sus estancias en España

- Según indica un número creciente de estudios independientes, las subvenciones a los trasvases que el estado español está demandando a la Unión Europea podrían constituir una asignación muy ineficiente de un gran volumen de recursos económicos comunitarios, además de presentar perfiles dudosos en relación con las políticas de defensa de la competencia en varios sectores económicos.

- Los impactos energéticos de los trasvases son muy elevados, y pueden tener una importante repercusión en el cumplimiento del Protocolo de Kyoto, que constituye una obligación comunitaria, a cuenta de la cual la Unión ha invertido ya, y va a invertir en los próximos años, grandes sumas de recursos.

Es dudoso que estos importantes intereses comunitarios queden adecuadamente protegidos si los proyectos de trasvase presentados acaban recibiendo el visto bueno de la Comisión. Desde la presentación del PHN, el tema de los trasvases ha sido conducido políticamente en España con unos grados de vehemencia y crispación inusuales, que crean condiciones poco adecuadas para la adopción de decisiones serenas y juiciosas. Lejos de remitir con el paso del tiempo, los enfrentamientos institucionales y sociales en torno a este tema han ido adquiriendo en los últimos meses un grado de enconamiento preocupante. Ello ha convertido al PHN en algo parecido a una bandera de combate del gobierno estatal y de varios gobiernos autonómicos, que se muestran dispuestos a imponerlo literalmente a cualquier precio, apelando a conceptos tales como el patriotismo y la lealtad.

La Unión Europea no debería confiar en que de semejante contexto pueda surgir una valoración y una recapitulación desapasionada y neutral acerca de la conveniencia de mantener el proyecto, ante las numerosas incoherencias que van apareciendo en la concepción técnica y económica del mismo. Como se ha podido comprobar, ni las masivas protestas populares, ni la opinión quasi unánimemente contraria al proyecto que ha expresado la comunidad científica y técnica independiente, han servido para modificar en lo más mínimo las posiciones oficiales. El PHN hace muchos meses que parece haberse convertido en España en una cuestión de principio de autoridad y en un objeto de confrontación política.

Si desea reconducir este problema europeo hacia cauces de debate más racionales, la Comisión debe adoptar iniciativas para estudiar alternativas que protejan razonablemente todos los intereses en presencia, con impactos ambientales asumibles, y con niveles aceptables de eficiencia económica y energética. El presente informe pretende aportar algunos datos y consideraciones en esa dirección. Intenta mostrar cómo los datos técnicos aportados en los documentos oficiales del Gobierno Español para justificar los trasvases del Ebro, si son correctamente interpretados, no sólo no justifican las obras, sino que recomiendan la cancelación inmediata del proyecto por su evidente inviabilidad hidrológica, económica y energética.

El informe se estructura en torno a una breve serie de aspectos clave, que se sintetizan en el gráfico incluido al término del presente capítulo, en el que se indica el capítulo en el que se trata cada aspecto:

- En el primer capítulo se aporta una breve descripción de determinados antecedentes que se consideran de utilidad para ayudar entender el fondo del problema que se está valorando.

- En el segundo capítulo se describe someramente el cambio tecnológico en el que actualmente están inmersas algunas tecnologías del agua, y especialmente la desalación de agua de mar.

- En el capítulo tercero se revisa el alcance y las perspectivas de los problemas de calidad del agua del Ebro.

- En el capítulo cuarto se reinterpretan los datos oficiales de costes, individualizándolos para cada unidad de demanda, con un enfoque de aproximación a los costes marginales.

- En el capítulo quinto se valoran los costes energéticos, con un enfoque de ciclo de vida del proyecto.

Como norma general, los análisis aquí realizados utilizan los datos oficiales presentados por el gobierno español, ya sea en el PHN o en otras fuentes oficiales de información. Aunque la neutralidad de algunos de estos datos ha sido cuestionada por especialistas reconocidos, se considera que su aceptación como punto de partida de los análisis incluidos en el presente informe, puede facilitar su utilización en eventuales procesos futuros de debate en torno al problema de los trasvases del Ebro

Interesa señalar, asimismo, que en cada uno de los capítulos que siguen se añaden sendos apartados de conclusiones y recomendaciones, en los que, entre otros aspectos, se especifican algunas condiciones que debería cumplir la deseable “solución europea” a la que se alude en el título del presente informe.

Se considera que esa solución europea deberá ser plenamente coherente con las diversas políticas y normativas comunitarias a las que afecta el problema de la gestión del agua en el mediterráneo español. En particular, las principales de estas condiciones[1] pueden sintetizarse como sigue:

- Allá donde los problemas hidrológicos estén asociados a problemas o disfunciones en las estructuras y las políticas agrarias, tendrá que ser prioritario el tratamiento de estos aspectos, asumiendo las directrices propuestas para la revisión de la PAC.

- Los problemas de calidad del agua deberán ser abordados en estricto seguimiento de lo dispuesto en la Directiva Marco de Aguas, especialmente en lo que se refiere a la minimización de los tratamientos que deban recibir las aguas urbanas.

- La asignación de costes deberá seguir de modo igualmente estricto el principio de plena recuperación de costes de la Directiva Marco, y las medidas elegidas deberán ser aquellas que mejor contribuyan a la mejora del estado ecológico de las diversas masas de agua afectadas, a menor coste.

- La responsabilidad energética, con vistas a la minimización de los costes asociados al cumplimiento del Protocolo de Kyoto, deberá de ser otro de los criterios clave para la selección de las medidas a adoptar.

Una de las finalidades principales del presente documento es la de contribuir, siquiera de modo muy preliminar, a la nutrida línea de estudios y razonamientos alternativos a los oficiales, que en los próximos meses y años demostrará que existe una o varias soluciones coherentes con las políticas y normativas europeas, que estas soluciones se pueden implementar con unos costes asumibles, muy inferiores a los de los trasvases, y que, además, pueden garantizar de modo mucho más eficiente la protección de los intereses de todos los usuarios del agua en la vertiente mediterránea.

	ASPECTOS CLAVE DEL PHN

1. Antecedentes: proyectos fracasados y problemas construidos

El llamado “problema hidrológico español” es un conflicto hídrico de corte muy clásico, en el que varias comunidades agrarias se disputan el uso de los ajustados recursos disponibles en el cuadrante suroriental de la Península. Este conflicto tiene dos grandes facetas, una visible y otra invisible.

La faceta visible es la existencia de unas 60.000 hectáreas de tierras ubicadas en Murcia y en el sur de Alicante, que fueron oficialmente clasificadas como de regadío en las postrimerías del franquismo al amparo del fracasado trasvase o Acueducto Tajo-Segura (ATS), pero que siempre han carecido de una dotación adecuada de agua.

La parte invisible, o poco publicitada, es el reciente desarrollo de una masiva agricultura de regadío en la Mancha Oriental, que está introduciendo serias tensiones adicionales en los ya precarios resultados del trasvase Tajo-Segura, y está rompiendo el equilibrio histórico de la cuenca del río Júcar, que abastece al grueso de la agricultura valenciana.

Ambos son problemas técnica e institucionalmente construidos en las últimas décadas del siglo XX. El primero, por la política de la administración hidráulica española, que lleva muchas décadas alimentando expectativas de riego y permitiendo la expansión de regadíos en la cuenca del Segura, que luego no es capaz de atender. Y el segundo por la Política Agraria Común de la Unión Europea, que a través de las subvenciones agrarias ha estimulado en Castilla-La Mancha la extensión de varios cultivos ecológicamente inadecuados para una meseta semiárida, como el maíz o la alfalfa.

El resto de los problemas hidrológicos que pretende “resolver” el PHN a lo largo de la costa mediterránea, o son problemas locales de entidad limitada y manejable, resolubles a escala local, o sencillamente no existen. Esta percepción no sólo está generalizada en los medios profesionales relacionados con el tema, sino que la corrobora el hecho de que varios de estos “déficits” no aparecían con claridad en los respectivos Planes Hidrológicos de Cuenca, y especialmente en los primeros borradores de los mismos. Tales “demandas” surgieron durante la redacción del PHN, contribuyendo a engrosar la macrodemanda mediterránea agregada que otorga escala y sentido hidráulico a los trasvases del Ebro.

En el presente apartado inicial interesa explicar brevemente estos dos problemas centrales. Si no se conocen estos antecedentes, no es posible interpretar correctamente el embrollo del Plan Hidrológico Nacional y de su proyecto clave, el trasvase del Ebro al Segura. Sin tomar en consideración la historia del problema y la situación del regadío en la cuenca del Segura y en la Mancha Oriental, no será posible afrontar la búsqueda de posibles soluciones superando los prejuicios estructuralistas, condición imprescindible para hallar una solución racional y viable a este conflicto hídrico, que como tantos otros, ha sido artificialmente creado en épocas recientes, ya sea por políticas equivocadas, o por acciones realizadas en beneficio de unos pocos grandes intereses económicos.

1.1. El Acueducto Tajo-Segura: un fracaso que no sorprendió

Desde la administración hidrológica española se sostiene oficialmente la idea de que el fracaso del ATS (que ha trasvasado en promedio menos de la mitad de lo previsto para su primera fase, y menos de un tercio del total de diseño), se debió a un “error de cálculo” en el origen del proyecto, esto es, a una evaluación demasiado optimista de los recursos disponibles. Con la perspectiva actual, es muy difícil aceptar una explicación como ésta.

Probablemente sea más acertado concluir que se dieron por buenos unos volúmenes de “excedentes” de agua en el alto Tajo que era más que dudoso que existieran, pero que permitían justificar las gigantescas obras propuestas. En la tramitación del proyecto transcurrieron dos años justos desde que se firmó la primera orden de estudio a finales de julio de 1966 hasta que se aprobó definitivamente a principios de agosto de 1968, tras una parodia de información pública que abrió paso al comienzo de las obras pocos meses después. Las rápidas y excelentes oportunidades de negocio constructivo e hidroeléctrico que proporcionó el trasvase quedaron sumariamente justificadas mediante la creación de unas expectativas y derechos de riego que, por mucho que fueran socialmente demandados, en realidad eran insostenibles. Un cuarto de siglo más tarde, estas expectativas frustradas sirven de justificación para un nuevo trasvase, esta vez desde el Ebro.

Algo muy parecido había ocurrido en la misma cuenca del Segura un cuarto de siglo antes, con la aprobación del PAICAS (Plan de Aprovechamiento Integral de la Cuenca Alta del Segura) en 1941: se sobredimensionaron los recursos disponibles en la cuenca –y las obras a realizar‑ y se generaron unas expectativas de regadío que no correspondían a la realidad. Los regadíos precarios o abusivos que se iban creando, alentados por estas expectativas, acabaron siendo consolidados en sucesivos decretos de ordenación de recursos y atribuciones de derechos, entre los que destaca el decreto de 1953, que alentó una nueva oleada de demandas de regadío y transformaciones “de facto”. Estos regadíos precarios sirvieron de justificación para las cuantiosas inversiones y obras del trasvase Tajo-Segura: una y otra vez, los caudales no estaban donde se había imaginado al principio, sino más lejos, siempre más lejos, y con más necesidad de obras para transportarlos.

Y aún remontándose al Plan Gasset de 1902 y a las obras contempladas en el mismo que fueron realizadas en esa cuenca en las primeras décadas del siglo XX, cabe hallar antecedentes de un ciclo esencialmente similar, en el que una primera oleada de nuevas obras comenzó a generar expectativas de regadío (las primeras ampliaciones de las huertas tradicionales) muy por encima de lo que permitían los recursos disponibles.

El proyecto del trasvase del Ebro no es, en realidad, más que el cuarto ciclo de la espiral de obras hidráulicas sobredimensionadas, expectativas de regadío frustradas, y nueva oleada de obras, que cada 20 o 30 años (el tiempo que tardan en madurar los grandes proyectos hidráulicos) se viene reproduciendo en la cuenca del Segura. El trasvase del Ebro es la consecuencia lógica del trasvase Tajo-Segura, igual que éste fue la consecuencia del PAICAS, y éste a su vez la del Plan Gasset, proyectos o programas todos ellos sobredimensionados en su diseño y ejecución, bajo la permanente presión social a favor de la ampliación del regadío que caracteriza a la cuenca del Segura.

Aunque el fondo del asunto ha permanecido más o menos inmutable, la justificación oficial utilizada en cada ciclo ha ido adaptándose al espíritu de la época. Si la idea del progreso técnico como motor de la regeneración de España definía el imaginario colectivo en los comienzos del siglo XX, la simple supervivencia alimentaria pasó a ser el argumento irrefutable de la extensión del regadío en los años de la posguerra. Más tarde, en los años sesenta y setenta, el desarrollo económico fué el mito social indiscutible, mientras que la protección del medio ambiente es el argumento políticamente más correcto en la actualidad, además de ser el que más facilita la obtención de Fondos de Cohesión.

Evidentemente, esta evolución no es privativa de la cuenca del Segura, sino que es característica del conjunto de la política de obras hidráulicas en España, el país del mundo con más presas por unidad de superficie y de población, pese a contar con grandes capacidades de regulación subterránea. El caso del Segura es simplemente el más evidente y más nítido ejemplo, porque en esa cuenca el potencial de incremento de la productividad agraria que se puede conseguir con cualquier nueva aportación de agua es superior al de casi cualquier otra región de España. Ello ha impulsado y ha legitimado socialmente más que en ningún otro lugar el tándem mutuamente alimentado de la industria de las obras hidráulicas y la extensión del regadío a las grandes fincas de secano, generadora de extraordinarias plusvalías.

Esta presión social, alentada por las autoridades políticas de la práctica totalidad de los niveles administrativos, viene forzando crecientemente la selección de tipos de suelo a poner en riego. Según reconoce el propio Plan de Cuenca, “las tierras más aptas para el riego, [que] corresponden a las clases 1 y 2, ya están transformadas hace tiempo”. Los últimos ciclos de puesta en riego se han basado principalmente en suelos de clase 3 y hasta 4, que ya presentan apreciables limitaciones

Existen incluso varios miles de hectáreas de suelos salinos (algunos autores apuntan más de 10.000), correspondientes a antiguos saladares naturales del entorno del Parque Natural de El Hondo, en Albatera, Crevillente y Elche, que fueron puestos en regadío a lo largo del siglo XX en varios intentos sucesivos, alentados por los diversos planes de aportación de nuevos recursos hídricos ya citados. De este modo, además de haber dilapidado una y otra vez los dineros públicos invertidos, se han generado cultivos de baja rentabilidad por la salinidad de los suelos, agravada por la baja calidad de las aguas que reciben, procedentes de retornos de riego de aguas arriba de la cuenca. En estas zonas apenas se puede cultivar otra cosa que palmeras, higueras, granados, y algunas otras especies de gran resistencia a la salinidad. Sin embargo, estas tierras, y otras de condiciones parecidas en otros lugares de la cuenca, están computadas en el PHN entre los regadíos infradotados, por lo que sus demandas de agua se suman a las que justifican el trasvase Ebro-Segura. Obviamente, seguir manteniendo en la actualidad estos planteamientos propios del desarrollismo agrario de décadas pasadas, carece de toda racionalidad agronómica e hidrológica.

El gráfico adjunto, tomado del PHN (Vol 3 pág 232), muestra la evolución de las superficies regadas en la cuenca del Segura. Las aproximadamente 90.000 hectáreas que estaban en riego antes de la guerra civil en toda la cuenca del Segura se han transformado en 250.000 en la segunda mitad del siglo XX. Se observa también que el salto más acusado, que de hecho es el responsable de la situación actual, se produce en torno a 1980, con la entrada en servicio del Acueducto Tajo-Segura.

El PHN insiste en crear la opinión de que el regadío en el Segura está estabilizado, y que la finalidad del trasvase del Ebro es simplemente recuperar los acuíferos que están actualmente sobreexplotados. El propio gráfico desmiente esa pretensión. Al parecer, las superficies regables en Murcia se estabilizaron en los años noventa, y las regadas disminuyeron, por efecto de las fuertes sequías de la década, y también como consecuencia de los procesos de urbanización. Pero en el conjunto de la cuenca (serie de puntos rojos) las superficies regadas continúan aumentando, y no hay signo alguno de que se vayan a estabilizar. Antes al contrario, si se llevase a término el trasvase se asistiría con toda probabilidad a un nuevo salto en el gráfico histórico de las superficies regadas. No hay ninguna razón para pensar lo contrario, a la vista de las presiones económicas reinantes, que parece que son y seguirán siendo capaces de desbordar todas las directrices de políticas agrarias e hidrológicas, en el supuesto de que no estuvieran de acuerdo con ellas.

La única diferencia de este cuarto ciclo respecto a los anteriores estriba en que si se llegase a ejecutar, sería el último. No porque finalmente se llegase a implantar la cordura hidrológica, sino porque una vez esquilmados el Júcar y el Ebro, ya no quedarían más ríos sobre los que pudieran plantearse iniciativas de trasvase. No obstante, como se verá en el siguiente capítulo, para entonces la desalación de agua de mar estará en condiciones de tomar el relevo, por lo que el problema ambiental que se perfila en el horizonte, en zonas como el sureste de la Península Ibérica, será más bien el de cómo evitar que la disponibilidad de agua desalada no facilite el incremento ilimitado de actividades de transformación agraria, turística o infraestructural, con fuertes impactos territoriales.

1.2. Agua del Ebro para Castilla-La Mancha

En el debate sobre el PHN ha pasado prácticamente desapercibido el hecho de que en el reparto de nuevos caudales en la Cuenca del Júcar, derivado del trasvase del Ebro, se le asignan a Castilla La-Mancha del orden de 200 hm3 de nuevas dotaciones de agua, cantidad superior a la asignada tanto a Cataluña (190 hm3) como a Almería (95 hm3).

La imagen trasmitida por los medios gubernamentales de que la finalidad del trasvase consiste en llevar agua del Ebro a la "sedienta" costa mediterránea, ha permitido que el importante papel que ha jugado Castilla La-Mancha en la gestación del trasvase del Ebro se haya mantenido entre bastidores. Sin embargo, la grave problemática del agua en Castilla-La Mancha es una de las claves del PHN, y es la razón del enérgico apoyo que el Plan viene recibiendo de José Bono, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.

Como se puede observar en el mapa de la página siguiente, la Cuenca del Júcar incluye la mayor parte del territorio de la Comunidad Valenciana, pero también buena parte de las provincias castellano-manchegas de Albacete y Cuenca, incluyendo las dos capitales. Textualmente, por lo que se refiere al reparto de nuevos caudales del PHN dentro de la Cuenca del Júcar, el documento oficial del PHN señala:

“Nótese, por otra parte, que con las cifras indicadas se alcanza una cierta equidad territorial entre Valencia y Castilla-La Mancha en las nuevas asignaciones de recursos, con valores próximos en ambos casos a los 200 hm³/año” (PHN, Vol. 3, pág. 285).

En síntesis, el balance de aguas del PHN para la Cuenca del Júcar es el siguiente:

- Transferencias externas: entrada de 315 hm3 anuales desde el Ebro

- Ahorros: unos 90 hm3 por modernización del sistema de la Acequia Real del Júcar

- Total nuevos recursos a reasignar: 315 + 90 = 405 hm3

Según establece el texto oficial, estos 405 hm3 se reparten aproximadamente a partes iguales entre la Comunidad Valenciana (principalmente en Alicante y algo en Castellón) y la de Castilla-La Mancha (básicamente en Albacete, con extensiones hacia otras provincias).

Por razones geográficas obvias, la entrega del agua del PHN a la meseta de Castilla-La Mancha sólo se puede hacer mediante compensación con caudales del Júcar, pues no es razonable enviar físicamente el agua del Ebro a Castilla-La Mancha. En consecuencia, si se ejecutase el trasvase del Ebro, 200 hm3 de agua del alto Júcar se quedarían legalmente en Castilla-La Mancha, además del agua que ya es captada hoy en día en esta comunidad. Estos nuevos caudales serían compensados en las provincias costeras con agua del Ebro. De este modo, Castilla-La Mancha, además de ser la segunda comunidad autónoma receptora de agua, sería la primera y de hecho la única beneficiaria en calidad, ya que sería la única que sólo recibiría agua pura del Júcar, que es el recurso con mejor calidad de todos los involucrados en el trasvase del Ebro.