A mediados del pasado enero, el Ministerio de Medio Ambiente presentó en
Bruselas la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Plan Hidrológico
Nacional (PHN), con la que trataba de demostrar la bondad ambiental del PHN, y
más concretamente, del trasvase del Ebro. El 6 de febrero, la Fundación Nueva
Cultura del Agua (Funca) presentó también en Bruselas, en un acto conjunto con
representantes de cinco grupos políticos del Parlamento Europeo, un detallado
análisis crítico de la EAE y del propio PHN realizado por un equipo de veinte
especialistas, bajo la dirección del profesor D. Pedro Arrojo, del Departamento
de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Un resumen de este informe
circuló en los medios comunitarios y su contenido fue tenido en cuenta por los
integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo que
aprobaron el 20 de febrero la ya famosa Enmienda 10, en la que se reprobaba el
PHN del gobierno español. Como se recordará, el 28 de febrero la enmienda fue
aprobada en el Pleno del Parlamento Europeo con una redacción modificada, en la
que se eliminaba la mención explícita al PHN, pero se mantenía el
cuestionamiento de los trasvases, en los términos siguientes: '... Manifiesta
su profunda preocupación ante el precedente sentado por las propuestas de
realización de planes insostenibles de gestión de recursos hídricos en toda
Europa y pide a la Comisión Europea que, por estas razones, no facilite
financiación europea para estos proyectos de trasvases'.
Las conclusiones del documento crítico a la EAE elaborado por la Fundación
Nueva Cultura del Agua se articulan en 15 puntos:
1. La EAE tergiversa el concepto de desarrollo sostenible: aunque usa
con profusión el término 'desarrollo sostenible', lo identifica con el aumento
de la oferta de caudales. Se marginan así las estrategias de gestión de las
demandas, lo que supone un grave desenfoque y falseamiento del concepto de
desarrollo sostenible en materia de política hidrológica.
2. La EAE no estudia el PHN sino tan sólo los trasvases del Ebro: el
documento del Gobierno elude valorar los impactos de la ingente oleada de 120
grandes presas proyectadas en el país del mundo con más embalses por habitante
y por kilómetro cuadrado, ligada a la masiva extensión de nuevos regadíos (más
de un millón de nuevas hectáreas).
3. Se elude analizar los impactos globales en la cuenca del Ebro: no
se estudian los impactos de decenas de nuevos grandes embalses en el Pirineo,
que junto al desarrollo de 450.000 nuevas hectáreas de regadío en la cuenca, y
a los grandes trasvases previstos, garantizan un marco de insostenibilidad para
el Delta del Ebro.
4. En el diagnóstico de la situación no se analizan las causas de los
problemas: no se estudian los intereses económicos y políticos que han
alentado el desarrollo ilegal del regadío en zonas sobreexplotadas, la
contaminación incontrolada, y el desarrollo urbano-turístico al margen de
cualquier ordenación territorial y urbanística razonable.
5. El diagnóstico del PHN asume un crecimiento insostenible de las
demandas, elude tratar el desgobierno en las zonas sobreexplotadas e
infravalora los recursos de la cuenca del Júcar: la Administración no sólo
tolera la masiva sobreexplotación ilegal de los acuíferos, sino que además
promueve expectativas de legalización e incluso de dotación de nuevos regadíos
a través de los trasvases, con lo que anima la espiral de la sobreexplotación.
En la cuenca del Júcar el pretendido déficit de 300 hm3/año presentado en el
PHN contrasta con los 1.100 hm3/año de 'excedentes' disponibles que establece
el plan de cuenca elaborado dos años antes por el mismo ministerio.
6. Análisis insuficiente de los efectos del cambio climático: la
memoria del PHN presenta un escenario de cambio climático que podría caracterizarse
como optimista. Sin embargo, aún desde este escenario, los pretendidos
'caudales excedentarios' en el Delta desaparecen en poco más de veinte años.
Ante ello, el PHN reduce su análisis a un horizonte de 20 años.
7. Se elude asumir los criterios de la directiva marco para asegurar el
buen estado ecológico de los ríos incluyendo deltas, estuarios y litorales: los
estudios publicados durante los últimos años por los equipos más prestigiosos
de especialistas en la materia exigen un régimen de caudales para garantizar la
sostenibilidad del Delta del Ebro (9.000-12.500 hm3/año) que casi cuadruplica
lo que el PHN asume como requerimientos ambientales (3.000 hm3/año).
8. Se amenaza la sostenibilidad de los ecosistemas fluviales mejor
conservados en el Pirineo y otras zonas de montaña por la construcción de 120
nuevos grandes embalses: entre las 120 grandes presas previstas en el PHN,
muchas de ellas amenazan gravemente tramos de río en la cabecera de las
cuencas, que constituyen hoy los ecosistemas fluviales mejor conservados de
España e incluso de Europa en algunos casos, rompiendo así el principio de no
deterioro establecido por la Directiva Marco de Aguas.
9. Se elude hacer un análisis serio de la calidad de las aguas
trasvasables y sus impactos en las zonas receptoras: las aguas que se prevé
trasvasar desde el Bajo Ebro son de mala calidad, superando actualmente en
media los 1000 µS/cm que la UE recomienda como límite de salinidad para aguas
prepotables. Su mezcla con las aguas del Júcar en el embalse de Tous afectaría
negativamente a la calidad del agua para el área de Valencia (1 millón de
personas), que se surte de este embalse. Las previsiones de evolución de la
calidad prevén un drástrico empeoramiento, especialmente en la medida que está
previsto ampliar los regadíos y otros usos del agua en la cuenca del Ebro. Por
otra parte, la EAE no analiza los procesos de salinización en tierras de
cultivo como consecuencia del uso de estas aguas de mala calidad, pese al
antecedente de la espiral de deterioro que supuso el trasvase Tajo-Segura sobre
las huertas del Bajo Segura, a pesar de la alta calidad de las aguas
trasvasadas.
10. El documento de EAE soslaya un análisis riguroso de las afecciones a
espacios, hábitats y especies protegidos: al respecto existe unanimidad,
tanto entre los movimientos ecologistas más prestigiosos como entre los
expertos independientes y cátedras de Ecología de la Universidad española: el
PHN supone el mayor conjunto de impactos sobre espacios y especies protegidos
jamás aprobado en los países de la UE. Asimismo, los principales ictiólogos de
nuestro país denuncian los graves impactos sobre especies piscícolas de enorme
valor, dado el elevado número de endemismos existente en las cuencas españolas
(el más alto de Europa). Tanto los grandes embalses, como muy especialmente los
trasvases, amenazan en este caso la estructura biológica autóctona de los ríos
españoles, amenazando en algunos casos la supervivencia de especies protegidas.
11. Se elude estudiar seriamente los impactos sociales y los graves
desequilibrios interterritoriales que induce la política trasvasista: el
documento de EAE presenta un lamentable tratamiento de los impactos sociales,
eludiendo estudiar los graves conflictos suscitados (las mayores movilizaciones
de las últimas décadas con más de un millón de manifestantes contra el PHN). En
lo que se refiere a la aplicación del principio de equilibrio interterritorial,
las áreas más negativamente afectadas por el PHN y su política trasvasista son
sin duda las comarcas pirenáicas y las del Bajo Ebro, cuyos parámetros de
desarrollo socioeconómico son muy inferiores de los de las comarcas
teóricamente beneficiadas: área metropolitana de Barcelona, costa levantina,
murciana y almeriense, cuyas rentas per cápita están entre las más altas de
España. Tomar como referencia indicadores medios a nivel regional (Aragón,
Cataluña, C. Valenciana, Murcia y Andalucía) deforma la realidad territorial
que se pretende valorar.
12. La EAE elude analizar seriamente la irracionalidad económica de los
trasvases y del conjunto del PHN: el balance económico coste-beneficio
positivo que presenta la memoria del PHN, si se desarrolla con rigor, resulta
ser rotundamente negativo. Una larga serie de errores consentidos y trucos
contables sesgan de forma inaceptable los cálculos económicos presentados por
el PHN.
13. Se elude, siquiera en una perspectiva de futuro, asumir el criterio
de 'recuperación íntegra de costes' para cada zona usuaria previsto por la
directiva marco: para Alicante, Murcia y Almería, los propios costes
estimados muy favorablemente por el Gobierno se disparan al entorno de los 60
céntimos de euro/m3 (100 pesetas/m3) claramente por encima incluso de los
costes de desalación del agua de mar. Las mismas estimaciones del Gobierno
indican que por encima de 36 céntimos de euro/m3 (60 pesetas/m3) no habría
capacidad de pago del agua desde la agricultura.
14. El documento de EAE excluye de forma inaceptable e incluso sospechosa
la consideración de opciones de mercado como herramienta de gestión de la
demanda: siendo el propio Gobierno del PP quien en su momento impuso la
reforma de la Ley de Aguas para legalizar los mercados de derechos
concesionales de aguas, resulta sorprendente la marginación de este tipo de
opciones que, adecuadamente intervenidas desde la Administración, podrían
permitir atender muchas demandas, especialmente en periodos de sequía (bancos
de agua) en base a transferencias voluntarias.
15. El documento de EAE simplifica el abanico de opciones estratégicas y
sesga la valoración de las opciones no basadas en grandes trasvases: existen
alternativas viables basadas en estrategias mixtas no valoradas por la EAE en
las que se deberían combinar:
a) La retirada selectiva de superficies de regadío, empezando por las
ilegales; en el caso de regadíos legales, se cuenta con la experiencia exitosa
de La Mancha, en donde un adecuado programa europeo de compensaciones ha
conseguido en pocos años reducir en 300 hm3/año las extracciones del acuífero
sobreexplotado.
b) La aplicación de programas e incentivos para mejorar la eficiencia en el
uso urbano, industrial y agrario, con amplios márgenes de ahorro potencial que
se sitúan en un orden de 650 hm3/año en el litoral mediterráneo (entre ahorros
urbanos y agrarios).
c) La optimización de una gestión integrada de recursos superficiales y
subterráneos.
d) La reutilización de retornos urbanos, la desalobración de aguas salobres
y la desalación de aguas marinas.
e) Opciones de mercados intervenidos (bancos de agua) que permitan
flexibilizar el sistema concesional de aguas superficiales.
f) Fomento de estrategias de ordenación territorial y urbanística coherentes
con perspectivas de desarrollo sostenible.
Una opción estratégica mixta de este tipo alumbraría alternativas razonables
y coherentes con las nuevas perspectivas del desarrollo sostenible, que no sólo
son viables sino mucho más económicas que las alternativas trasvasistas
presentadas por el Plan Hidrológico Nacional.