Intervención de Graciela Ferrer (Xúquer Viu), en nombre del peticionario 32/2003.
En primer lugar, deseamos hacer constar nuestro agradecimiento al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo por la atención prestada a la Petición 32/2003. A finales de mayo de 2004, durante la legislatura anterior, una misión de europarlamentarios visitó la Comunidad Valenciana y pudo conocer in situ la problemática ambiental causada por la ejecución de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó con el punto de toma de aguas en Cortes de Pallás, un punto situado a más de 100 km de la desembocadura del río Júcar.
El informe realizado por la misión de europarlamentarios puso de manifiesto la necesidad de afinar la evaluación del proyecto especialmente en lo que se refiere a la garantía por parte del Gobierno Español de cumplir escrupulosamente con las recomendaciones realizadas por el Banco Europeo de Inversiones y con las condiciones impuestas por la Comisión Europea para cofinanciar el proyecto. Este informe fue aprobado a finales de julio de 2004 por el Comité de Peticiones en la primera sesión de la actual legislatura.
La visita realizada por los europarlamentarios y su posterior informe han sido de gran importancia en la evolución del presente proyecto. Como consecuencia del informe, el Gobierno Español reabrió el estudio del cumplimiento de las condiciones impuestas por la Comisión Europea para la co-financiación del proyecto. Se utilizaron series de datos actualizadas y se aplicaron rigurosamente las prioridades de los distintos usos, incluyendo la satisfacción de caudales ambientales para el curso bajo del río y para la Albufera de Valencia, que no se encontraban definidos legalmente en el momento de la aprobación del proyecto original del trasvase.
De los estudios realizados se concluyó que el proyecto aprobado y en ejecución con toma de aguas en Cortes de Pallás resultaba insostenible: con los nuevos criterios ambientales, los recursos disponibles en la cuenca cedente eran inferiores a las demandas internas de la cuenca, por lo que atender una nueva demanda para el Vinalopó en ese punto no sólo rebajaría las garantías de suministro a los usuarios urbanos y agrarios de la cuenca cedente, sino que afectaría severamente a las condiciones ecológicas del curso bajo del río y de la Albufera.
El conocimiento de esta situación derivó en la paralización de las obras del proyecto inicial e impulsó al Gobierno Español a plantearse la modificación del mismo. Los estudios realizados con esta finalidad aconsejaron trasladar el punto de toma de las aguas al Azud de la Marquesa, un punto situado a sólo 3 km de la desembocadura, aguas abajo de todas las demandas ambientales y económicas de la cuenca cedente.
La modificación del proyecto aprobada por el Gobierno Español permite asegurar desde un punto de vista físico (no sólo jurídico) la circulación de caudales ecológicos hasta prácticamente la desembocadura del río Júcar en Cullera. Sólo una vez los caudales hayan cumplido con sus funciones ambientales, y justo antes de su salida al mar, parte de ellos serán derivados desde el Azud de la Marquesa hacia el Vinalopó. De este modo, además de mejorar la situación ambiental del río, y de evitar afecciones a la cuenca cedente, es posible enviar al Vinalopó un volumen de recursos muy superior al que se hubiera podido derivar desde el punto de toma anterior, haciendo así viable el trasvase sin aumentar la presión sobre los recursos de la cuenca cedente.
La modificación del proyecto permitió obtener un consenso generalizado en la cuenca cedente. Con el trazado anterior, al no haber suficientes recursos superficiales para alimentar el trasvase cumpliendo los requisitos ambientales y los derechos de los usuarios de la cuenca cedente, habría sido necesario utilizar recursos subterráneos de la Plana Sur de Valencia para compensar los caudales trasvasados. Ello habría significado poner en peligro las reservas de aguas subterráneas con las que cuentan las comarcas de la Ribera Alta y Ribera Baja del Júcar para situaciones de sequía grave, como la actual. Esta posibilidad generó una gran alarma social en la cuenca cedente, y desencadenó una amplia movilización social e institucional en contra del proyecto.
Con el cambio del punto de toma al Azud de la Marquesa el trasvase pasó a ser aceptado por la generalidad de los usuarios, movimientos ecologistas y ciudadanos, organizaciones sindicales y agrarias, y administraciones locales de la cuenca cedente, alcanzándose un nivel de consenso poco usual en proyectos de esta naturaleza.
El consenso sobre el nuevo proyecto no se limitó a la cuenca cedente. En la cuenca receptora, conforme se han ido comprendiendo las ventajas de la modificación del proyecto, han ido expresando su apoyo a la misma un número creciente de entidades. Primero, las principales entidades ecologistas, sindicales y políticas de Alicante expresaron ya en el verano de 2005 su apoyo a la modificación, a través de la Plataforma Agua y Diálogo creada con este fin. Posteriormente se han ido sumando numerosas corporaciones municipales y organizaciones agrarias independientes. Estas entidades han constatado que la mayor disponibilidad de caudales en el Azud de la Marquesa permitirá sustituir la actual extracción agraria masiva de aguas subterráneas de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó por los caudales trasvasados desde el Júcar. Ello permitirá la recuperación de estos acuíferos, manteniendo sólo una extracción sostenible para los usos urbanos del interior, y abasteciendo las grandes demandas urbanas costeras mediante las desaladoras actualmente en construcción.
Como sus Señorías podrán comprobar en esta misma sesión, en este momento sólo quedan fuera del consenso general los intereses económicos y políticos que anteponen a cualquier otra consideración la exigencia de que el agua a trasvasar sea de calidad urbana, y no solamente de buena calidad para usos agrarios, como la Administración española ha garantizado que es el agua del Júcar en el Azud de la Marquesa. Posiblemente, estos intereses contaban con los caudales transferidos mediante la conducción Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás para continuar alimentando la actual dinámica urbanística de Alicante, en torno a la cual, el Pleno del Parlamento Europeo y la Comisión Europea ya han expresado su profunda preocupación por los impactos ambientales y sociales que provoca.
En conclusión, desde nuestro punto de vista, el traslado de la toma al Azud de la Marquesa es una decisión acertada porque permite garantizar la existencia de caudales ambientales para el Júcar hasta su desembocadura, permite garantizar los derechos de uso de los usuarios de la cuenca cedente, permite satisfacer las necesidades de agua de la agricultura familiar de las comarcas del Vinalopó, elimina el peligro de sobreexplotación en los acuíferos de Valencia, y permite recuperar los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó.
Por último, quería señalar que para un conocimiento más detallado de nuestra posición actual, que les acabo de resumir, sus Señorías tienen a su disposición un nuevo aporte extensivo de documentación que realizamos en el pasado mes de junio, y que la Secretaría del Comité de Peticiones con fecha 5 de julio de 2006 ha tenido la amabilidad de añadir a la petición 32/2003 que hoy se examina.
Muchas gracias por su atención.