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LA VERDAD 27-03-06
PROVINCIA ALICANTE
ELCHE / Agricultura fija el inicio de las obras del postrasvase para finales de año
El embalse de SAT San Enrique, que se hará en terrenos cedidos por el municipio ilicitano, costará tres millones de euros
GENOVEVA MARTÍN/ELCHE
La
asamblea general ordinaria de la Sociedad Agraria de
Transformación(SAT) San Enrique, que junta a la de San Pascual
y al Ayuntamiento de Elche, tiene derechos históricos sobre el
agua del Júcar, congregó ayer en el Centro de Congresos
Ciutat d'Elx a las primeras espadas de la Comunidad Valenciana en
materia de recursos hídricos. Estuvo el conseller de
Infraestructuras, José Ramón García Antón,
el ingeniero de Caminos del Instituto Euromediterráneo del
Agua y redactor del Libro Blanco del Agua y del trasvase
Júcar-Vinalopó, Francisco Cabezas Calvo-Rubio, el
presidente de Riegos de Levante y vicepresidente del Sindicato
Central Tajo-Segura, Manuel Richarte, el ingeniero de la SAT San
Enrique, Ángel Urbina, el presidente de la Junta Central de
Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés
Martínez, el secretario autonómico de la Conselleria de
Agricultura, Antonio Rodríguez Barberá, y el alcalde de
Elche, Diego Maciá Antón.
Los asuntos a tratar
no eran otros que la polémica situación actual del
trasvase Júcar-Vinalopó, el análisis de las
alternativas ofrecidas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero,
los bancos de agua y la situación del postravase del Júcar
con la construcción de la tubería de San Enrique y el
nuevo embalse de la Cova del Planet, en la partida de Carrús.
Cinco de los seis participantes (el alcalde de Elche y presidente del
PSPV fue obviamente el disidente) fueron extremadamente críticos
con la política hidrológica del Gobierno central, en
particular con la paralización de las fases, dos, tres y
cuatro de las infraestructuras del trasvase Júcar-Vinalopó
a consecuencia del cambio de la toma de agua.
Andrés
Martínez , que dijo no querer entrar en polémica, fue
sin embargo tajante a la hora de analizar el lugar de la toma de agua
en el Júcar. Volvió a abogar por la decisión
inicial situada en el embalse de Cortes de Pallás, «única
solución viable», por su calidad y por ser la más
barata. Insistió en que «no tenemos subvenciones y el
agua no debe salir a más de 10 céntimos de euros el
metro cúbico». Aseguró que el precio de 19
céntimos o 20 céntimos del que ha hablado el consejero
delegado de la sociedad estatal Aguas del Júcar, José
María Marugán, es inviable. Martínez aseguró
que el territorio de la Junta Central de Usuarios «no es el
político» y que «se seguirá luchando con
rigor».
Crítico
Cabezas estuvo aún
más crítico, aunque apoyó toda su argumentación
sobre datos técnicos. Explicó que la toma decidida por
Gobierno central en el Azud de la Marquesa tiene un caudal similar al
de Cortes de Pallá, lo que le hizo decir que «el
argumento del volumen es técnicamete falso».
Añadió
en contra de la toma del Azud de la Marquesa que las conducciones son
más largas, con más estaciones de bombeo para elevar el
agua (cuatro en total) y por tanto, con una explotación mucho
más cara. Cabezas se metió también con el
argumento del Ministerio de Medio Ambiente sobre la tesis de la paz
social. Insistió que no hubo ninguna disidencia a la hora de
elegir Cortes de Pallá y que sólo hubo problemas cuando
se cambió la ubicación de la toma de agua. Concluyó
con «no encuentro razones económicas, ambientales ni de
tipo hidrológico que justifiquen el cambio», e hizo voto
para que «se imponga la lógica».
Tampoco
parece ser una solución la puesta en marcha de los bancos de
agua, según Manuel Serrano. Su argumento es muy sencillo.
Mientras no exista la interconexión de cuencas mediante
tuberías, de nada sirve las cesiones de derechos y los bancos
de agua. Serrano subrayó que dentro de dos años se
acaban las ayudas europeas a la agricultura, lo que va a propiciar
que muchos cultivos ya no sean competitivos. Afirmó que muchos
agricultores tendrán que vivir entonces de la cesión de
sus derechos de agua, como es el caso ya de «comunidades de
regantes del Ebro que quieren vendernos caudales, pero no pueden
hacerlo por falta de infraestructuras». Serrano, al igual que
el resto de la mesa aseguró que «sólo será
competitiva la agricultura del mediterráneo» y, en
particular de esta zona, siempre y cuando tenga agua, y «la
hay».
400.000 metros cúbicos
La
buena noticia de la asamblea, si se cumplen las promesas, la trajo el
secretario autonómico de Agricultura. A expensas de que las
infraestructuras del trasvase Júcar-Vinalopó se
completen, las del postrasvase que interesan a los ilicitanos podrían
estar terminadas dentro de veinte meses.
Rodríguez
Barberá aseguró que las obras se licitarán antes
de finales del presente año. Se tratan de dos conducciones y
del nuevo embalse de San Enrique, situado en la partida de Carrús,
en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Elche. Dicho embalse
tendrá una capacidad de 400.000 metros cúbicos y un
costo de más de tres millones de euros. Se supone que servirá
para almacenar los caudales del trasvase del Júcar.
El
conseller de Infraestructuras apoyó los argumentos de sus
compañeros de mesa y fue tajante. «No hay agricultura
posible sin trasvase». Y para él, el trasvase
fundamental es el del Ebro. Dijo: «Para nosotros, los de la
provincia de Alicante, es vital». Estuvo de acuerdo con Serrano
en que sin interconexiones de cuencas, los bancos de agua no sirven y
achacó a meras razones políticas tanto el cambio de
toma del trasvase Júcar-Vinalopó como a la derogación
del del Ebro. Opinó que «las desalinizadoras no son
alternativas, sólo sirven de apoyo coyuntural». Según
el conseller, el Gobierno no tiene más que hacer y financiar
el trasvase del Ebro.