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| Comunidad Valenciana |
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REINICIO DEL PROCESO
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| Europa abre otro procedimiento de infracción contra la ley urbanística por violar directivas comunitarias |
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La Comisión arremete contra el Consell por haber seguido
tramitando PAI al amparo de la anterior ley hasta el 1 de febrero
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varapalo a la política urbanística. Rafael Blasco y Francisco Camps.
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| Noticias relacionadas |
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Clara Pinar, Bruselas. corresponsal
La ley urbanística valenciana (LUV) se convirtió ayer en
sucesora de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) no
sólo por lo que respecta a esta actividad en la Comunidad, sino en
cuanto a los procedimientos de infracción abiertos en la Comisión
Europea. Los 25 comisarios decidieron dar carpetazo al procedimiento de
infracción que se seguía desde marzo de 2005 contra la LRAU para
iniciar uno desde el principio contra la nueva LUV, al constatar que
ésta mantiene numerosas irregularidades que fueron objeto del
procedimiento anterior, así como de parte de las miles de quejas ante
el Parlamento Europeo que dieron como resultado el demoledor Informe
Fourtou.
Bruselas aludió ayer a uno de los aspectos más controvertidos
de la LUV, los periodos de transición en virtud de los cuales muchos
programas de actuación integrada (PAI) se seguirán tramitando al amparo
de la LRAU después de haber sido derogada. «Las autoridades españolas
no han atendido a las advertencias previas y han seguido concediendo
contratos en el marco de la LRAU hasta el 1 de febrero de 2006, con la
consiguiente violación de las directivas de contratación pública de la
UE», denunció la Comisión en su explicación de motivos.
Se esperaba que en su reunión de ayer la Comisión tomase una
decisión sobre si denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la
UE debido a la LRAU, en respuesta al dictamen motivado que envió a
Madrid el pasado mes de diciembre y que suponía el último paso antes de
denunciar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo. En su lugar,
el Ejecutivo comunitario consideró que es inútil arremeter contra una
norma que está fuera de aplicación y decidió tratar de enmendar las
incorrecciones de la LUV mediante una «carta de emplazamiento» en
virtud de la cual España tiene dos meses para responder a las dudas
comunitarias. En caso de no quedar satisfecha, la Comisión enviará una
segunda carta, en forma de dictamen motivado, y en tercer y último
lugar, se reserva el derecho de acudir los tribunales europeos.
Pegas a los anuncios y contratos
Bruselas insiste en que «la nueva ley no parece remediar las
posibilidades de infracción que existían en la LRAU», por elementos
como «el contenido de los anuncios de licitación y los documentos
contractuales para la adjudicación de los PAI», así como por la
posibilidad que ofrece la norma de «aumentar el precio del contrato
tras la selección del agente urbanizador». Por otra parte, Bruselas
estima que «otros aspectos del procedimiento de selección de agentes
urbanizadores no cumplen las directivas de la UE en materia de
contratación pública», entre ellos las propuestas para iniciar un PAI,
la presentación y contenido de las ofertas, la admisibilidad de
variantes, los criterios de concesión y la posibilidad de modificar
partes del contrato y del proyecto seleccionado después de la
adjudicación del contrato.
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