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| Comunidad Valenciana |
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POLÉMICA CON EL PHN
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| Los abogados califican de amoral y trato de favor el acuerdo del Consell con la Fundación Agua |
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Un convenio del Gobierno valenciano pone el gabinete jurídico de la Generalitat a su servicio
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Decano del Colegio de Abogados de Valencia, Fernando Alandete, hizo
público ayer que la Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y
Progreso recibe un trato preferencial del Consell en comparación con
otras entidades o ciudadanos, y se ha mostrado «sorprendido» de que una
entidad de carácter cívico «disponga de los servicios legales de la
Generalitat Valenciana». |
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entrevista. Fernando Alandete, en su despacho jurídico.
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Regina Laguna, Valencia
En
este sentido, el Decano ha explicado que la acción de gobierno y, por
lo tanto, la acción política le corresponde al partido que merece
confianza de los ciudadanos. Así, la política del agua le corresponde
al Consell, pero «resulta lamentable y carente de rigor jurídico el que
se pretenda acompañar esa acción de gobierno con un populismo
innecesario y con el dinero de todos los ciudadanos», ha apostillado el
responsable de la Junta de Gobierno.
Alandete ha realizado
estas declaraciones tras la publicación en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana (DOGV) de un convenio entre el Ejecutivo
Valenciano y la citada entidad, que establece que el gabinete Jurídico
del Consell prestará asistencia jurídica a la Fundación. Esta
situación, en palabras del Decano, «raya en la discriminación respecto
de otras entidades cívicas».
Del mismo modo, Alandete ha
manifestado que en el ámbito profesional de la Abogacía «resulta amoral
financiar trámites con dinero público a determinadas entidades sin
discriminar la capacidad económica de los demandantes». Por ello, se
preguntaba si, «en el caso de recibir indemnizaciones a través de la
justicia, éstas se repartirían entre todos los ciudadanos, que son los
que pagan estos servicios jurídicos, y no sólo entre los propietarios
reclamantes».
En este sentido, el Decano de los abogados
valencianos ha comentado que el objetivo de la Fundación, según se
recoge en su inscripción en el Registro de Fundaciones, es «potenciar y
favorecer el desarrollo de un uso racional y solidario de los derechos
relativos al agua, así como el impulso cívico e institucional en
defensa de una política hídrica adecuada a las necesidades de la
Comunidad Valenciana, y en particular de las transferencias hídricas
previstas en el Plan Hidrológico Nacional». Por ello, los profesionales
de la Abogacía «no entendemos el trato de favor recibido por esta
entidad, salvo que el Consell considere que todas las Fundaciones de
carácter cívico cuenten con el mismo servicio y derechos que ésta».
Antecedentes políticos
Alandete
ha declarado que no es la primera ocasión en la que el Ejecutivo
Valenciano trata de intervenir en una actividad privada de una manera
«totalmente arbitraria y fuera de lugar». Y ha recordado el intento de
vincular a los colegios profesionales de letrados en la defensa del
Plan Hidrológico Nacional (PHN) mediante la aportación de 700.000 euros
para la defensa del mismo ante los tribunales.
En aquella
ocasión, la negativa de todos los colegios de la Comunidad y del
Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) supuso una dura
reprobación pública de los profesionales del sector por parte del
entonces Conseller de Presidencia y actual Conseller de Cultura,
Alejandro Font de Mora, que se resumió en una advertencia a los
colegios profesionales en la que explícitamente dijo que «pagarán
moralmente» su renuncia.
Al parecer, el Gobierno Valenciano
«no respeta la autonomía y la independencia de los letrados» y, por
ello, ha buscado «fórmulas alejadas de la ética de la competencia y la
libertad de ejercicio para alcanzar sus fines», ha apostillado
Alandete, en referencia al convenio de asesoramiento jurídico suscrito.
En cualquier caso, el Decano del ICAV ha señalado que,
manteniendo la postura que defendió el CVCA en aquella ocasión,
«apoyamos y defendemos el derecho de todos los ciudadanos a defender
sus intereses, tanto mediante la libre elección de abogado particular,
como por la designación del mismo en el Turno de Oficio».
Alandete
ha añadido que la Abogacía se opone a «políticas de favor» con
entidades con un posible perfil político o partidista, pero ello «no
significa una crítica a la política del Consell, sino a determinadas
acciones que pueden suponer una vulneración de los derechos
fundamentales».
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