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FUNDACIÓN PÚBLICA
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| El PP veta preguntas sobre Agua y Progreso alegando que no tiene trascendencia pública |
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La Mesa de las Cortes impide que el PSPV tenga datos sobre la campaña de publicidad del
millón de euros y el convenio por el que la Generalitat presta sus abogados a la entidad
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Julia Ruiz, Valencia
La
Mesa de las Cortes, en la que el PP tiene mayoría, ha vetado una decena
de preguntas del PSPV sobre la Fundación Agua y Progreso alegando que
la entidad, que se financia al cien por cien con fondos públicos, es
«una persona jurídica que no tiene una trascendencia pública dentro del
ámbito de la Comunidad Autónoma». La afirmación es cuanto menos
insólita teniendo en cuenta la importancia que el Consell está
concediendo a una entidad que le sirve de instrumento para su
estrategia en política hídrica.
Sin ir más lejos, Agua y Progreso recibió hace dos meses
una subvención oficial de la Generalitat de cerca de 1 millón de euros
para financiar sus actividades. Semanas después, Presidencia de la
Generalitat hizo pública la adjudicación de una campaña de publicidad
por valor de 1 millón de euros para defender por toda España el
derogado trasvase del Ebro. En la Fundación recayó la contratación de
la campaña que se hizo sin concurso público. Recientemente el DOGV hizo
público un convenio entre Presidencia y Agua y Progreso en virtud del
cual la Generalitat pone sus abogados a disposición de la entidad.
Ante estos hechos, la diputada socialista Josefa Andrés elaboró
una batería de preguntas dirigidas al Consell. De un lado, la
parlamentaria se interesaba por varias cuestiones relacionadas con la
campaña Claro como el Agua al presumir que pudo vulnerarse la
legalidad. En concreto, quiso conocer si la campaña se había publicado
en el DOGV o en los medios de comunicación y, en definitiva, si el
concurso cumplía con la ley de contratos.
Sobre el convenio con los servicios jurídico, Andrés trató de
preguntar al Ejecutivo por los motivos que justificaban la citada
colaboración y mediante qué figura o procedimiento legal se había
establecido la colaboración. También pedía datos sobre la fecha del
inicio del convenio y sobre las causas judiciales, informes o actos de
asesoramiento en los que han trabajado ya los letrados.
El rodillo del PP en las Cortes ha impedido incluso que las
preguntas llegaran a su destino. La Mesa de las Cortes ha informado a
la socialista que su petición de inforamación no se han admitido a
trámite «en aplicación del artículo 147,2 del Reglamento de las
Cortes», un apartado al que los populares se agarran para evitarle al
Consell preguntas comprometidas. Considerar que la Fundación Agua y
Progreso es una persona jurídica sin trascendencia pública no deja de
resultar chocante.
Hace unos días, el Decano de los Abogados, Fernando Alandete,
denunció el trato preferencial del Consell a Agua y Progreso y lamentó
que la Generalitat hiciera «populismo innecesario» en materia hídrica
«con el dinero de todos los valencianos». Entonces, el Consell replicó
a Alandete que la Fundación formaba parte del sector público y como tal
tenía derecho a los servicios jurídicos de la Generalitat.
Auditada por la Sindicatura
La diputada Josefa Andrés denunció ayer la interpretación
«torticera» del PP del reglamento de las Cortes sobre el citado
artículo 147.2 y anunció que su grupo presentará un recurso contra el
veto de la Mesa. Para la diputada es «de juzgado de guardia» que los
populares confundan a la Fundación con una «persona jurídica sin
trascendencia pública» y recordó que la entidad se financia con fondos
públicos y está auditada por la Sindicatura de Comptes.
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