Julia Ruiz, Valencia

La Fundación Agua y Progreso es una de las 23 fundaciones públicas de la Generalitat que existían en el ejercicio de 2004, el último auditado por la Sindicatura de Comptes. Estas entidades son consideradas por el Síndic como «un poder público» y como tal les dedica un capítulo especial en el que establece una serie de consideraciones sobre el régimen jurídico y la normativa aplicable .

El órgano fiscalizador recuerda que la ley de fundaciones de la Comunitat de 1998 establece que éstas «se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y por la presente ley y demás normativa aplicable a las personas jurídicas». Y añade, que, en general, su contratación se rige por «sus estatutos y en la normativa privada» ,ya que no existe ninguna regulación específica para las fundaciones públicas de la Generalitat. Acto seguido, sin embargo, la institución hace una consideración con enjundia: «Dado que constituyen un poder público, independientemente de su configuración orgánico-formal, entendemos que al menos son de aplicación los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios».
El pronunciamiento del Síndic choca con la decisión tomada recientemente por la Mesa de las Cortes, controlada por el PP, de vetar una serie de preguntas al PSPV sobre la actividad de Agua y Progreso. Tal como informó ayer este diario los populares han negado los datos alegando que se refieren a una «persona jurídica que no tiene una trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad».
No parece que esta filosofía sea compartida por la Sindicatura que apela a una serie de cuestiones reguladas en la Ley 50/2002 de Fundaciones que, aunque no son de aplicación directa a las fundaciones públicas de la Generalitat, «las consideramos como criterios generales de buena gestión pública». Entre los criterios está que la selección de personal se sujete a los principios de igualdad, mérito y capacidad; y que la contratación se ajuste a los de publicidad, concurrencia y objetividad. Agua y Progreso tiene en nómina sin haber convocado proceso selectivo alguno al vicesecretario provincial del PP, Juan José Medina y a la ex presidenta de la Federación de Vecinos, Carmen Vila, vinculada al PP.
La entidad, que se nutre cien por cien con fondos públicos, fue sometida en 2004 al control meramente formal de la rendición de cuentas y no, como ocurre con otras fundaciones, a una fiscalización más extensa para comprobar si la gestión de los fondos se realiza de conformidad con la normativa aplicable. Esto fue así porque en ese momento la Sindicatura incluyó a Agua y Progreso en el grupo de entidades que «se caracterizan por se poco importantes en términos cuantitativos y no tener identificados problemas importantes». En 2004 la Fundación acababa de arrancar y su actividad estaba bajo mínimos. En 2006, la Fundación ha recibido ya una subvención de un millón de euros, que se ha gastado íntegramente en una campaña de publicidad para defender el derogado trasvase del Ebro. Fue adjudicada sin concurso público.
Precisamente, la campaña de publicidad ha sido uno de los asuntos sobre los que se interesó la diputada socialista Josefa Andrés, quien ayer formalizó ante la Mesa de las Cortes su recurso por el veto sufrido.
En su escrito, la diputada hace notar al PP que «en su afán de buscar argumentos para negar la tramitación de las preguntas» le han vetado información de la propia Generalitat. En efecto, la diputada dirigió las preguntas relacionadas con la campaña de publicidad al conseller de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, quien presentó en rueda de prensa la promoción. Andrés cita a la Fundación sólo en el caso del convenio con los servicios jurídicos. En su recurso, echando mano de la ironía, pregunta a la Mesa si es que «a su parecer la persona jurídica sin trascendencia pública es la propia Generalitat».

Sobre la Fundación Agua y Progreso, una catapulta del partido en el gobierno para continuar reivindicando su política del agua por cauces «extraoficiales», se extiende una capa de silencio que tiene precedentes. Igual sucedió con las empresas públicas de Cacsa, Ciegsa y Terra Mítica, con las que se procedió del mismo modo. La doctrina del PP en esta materia no ha variado, o ha variado poco: estas entidades adscritas a la Generalitat mantienen una personalidad jurídica propia y en caso de revelarse su gestión se provocaría un problema de confidencialidad respecto a terceros. La oposición, por tanto, se da de bruces contra un muro, pues entiende que estas empresas, pagadas con dinero público -y por eso mismo-, tienen la obligación de ofrecer el balance de cuentas a la opinión pública al igual que cualquier otro departamento de la administración autonómica. Una y otra vez, sin embargo, el PP obstaculiza la transparencia en la gestión. El último ejemplo se dio con la Fundación Agua y Progreso, financiada al cien por cien con fondos públicos. La Mesa de las Cortes, dominada por el PP, vetó las preguntas de la oposición sobre esta entidad argumentando que se trata «de una persona jurídica que no tiene una trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma». Este concepto ha sido rebatido por el Síndic de Greuges puesto que las considera «un poder público« y las somete a los principios de concurrencia, publicidad y objetividad. La Fundación Agua y Progreso recibió hace dos meses una subvención oficial de cerca de un millón de euros. Semanas después, la contratación de la campaña de publicidad que proyectó la Generalitat reivindicando el trasvase del Ebro por un millón de euros recayó en la Fundación y se efectuó sin concurso público. La Generalitat, además, ha puesto sus abogados a disposición de la entidad. Parece obvio que, con estos precedentes y los vínculos probados, el ciudadano deba tener conocimiento de cómo se administra el gasto público sin perversidades, instrumentalizaciones u opacidades. Se trata de una garantía democrática.