La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, atribuyó a una ‘‘persecución política” la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar de denunciar tanto a su Consistorio como al de Carcaixent por los vertidos de diferentes empresas al río Júcar. ‘‘Jamás, en los 25 años de democracia, había asistido a una persecución política por parte de cualquier otra administración”, denunció.

Bastidas, quien convocó una rueda de prensa después del anuncio efectuado el pasado viernes por el presidente de la CHJ, denunció que tienen conocimiento de que hay ‘‘más de mil expedientes sancionadores abiertos” contra diferentes localidades por vertidos al río, ‘‘pero únicamente, y qué casualidad, se han llevado al juzgado las que afectan a Carcaixent y Alzira”, municipios ambos gobernados por el PP.

La máxima autoridad municipal afirmó que tiene previsto remitir un escrito a la CHJ en el que pedirá que haga públicos el millar de expedientes que, según ella, obran en este organismo ‘‘y se explique por qué no se ha usado la vía penal como sí ha ocurrido con Alzira y Carcaixent”.

‘‘Alzira no va a consentir ser cabeza de turco porque no es ni mucho menos el único responsable de los vertidos”, afirmó.

Así, ‘‘y en defensa de los intereses de la ciudad, en primer lugar estudiaremos impulsar las acciones judiciales y políticas que consideremos necesarias”.

Bastidas, quien compareció acompañada del técnico de Medio Ambiente, Llorenç Pérez, y del concejal responsable del área, Eliseo Candela, recordó que cuando asumieron el mando del Ayuntamiento en el año 2003 ‘‘nos encontramos con la nada en materia de vertidos, ni siquiera estaba hecha la ordenanza reguladora”.

En esta comparecencia también se recordó que en el pasado mes de diciembre de 2005, la CHJ envió una resolución al Ayuntamiento de Alzira en la que proponía la mínima sanción establecida contra una empresa ‘‘porque el Ayuntamiento ha actuado con diligencia” en el control de los vertidos.

‘‘Y apenas cinco meses después de esta carta se descuelgan con esta denuncia. Qué casualidad que entre los que participaron en la concentración contra el río había dirigentes de una asociación ecologista que también son dirigentes de partidos de municipios que podrían estar afectados por las sanciones”. ‘‘Este es un caso más con el que el PSOE está intentando judicializar la vida política”, afirmó Bastidas.

Actuación del Ayuntamiento
Sin embargo, en la comparecencia se transmitió la idea de que el Ayuntamiento de Alzira ‘‘jamás había trabajado con tanta sensibilidad por el medio ambiente como lo está haciendo este equipo de gobierno”.

El pasado viernes, el presidente de la CHJ anunció durante una visita al río su intención de denunciar al Ayuntamiento de Alzira como responsable de los vertidos al río Verde que está realizando la empresa Río Verde Cartón. La denuncia se dirige hacia el Consistorio por considerarlo responsable de la actuación de la empresa.

En la jornada de ayer, LAS PROVINCIAS se puso en contacto con la Confederación Hidrográfica del Júcar para que expusiera su opinión ante las acusaciones de Bastidas, pero no hubo respuesta a estas manifestaciones.

Juan José Moragues, presidente de este organismo, afirmó el viernes que la empresa está conectada al alcantarillado municipal, por lo que el Ayuntamiento es quien tiene la responsabilidad en último caso. ‘‘Cualquier ayuntamiento tiene la obligación de que cuando una empresa se conecta al alcantarillado municipal, lo haga con las cualidades mínimas. No se puede echar cualquier cosa a las tuberías”, señaló.

Así, afirmó que se deben aplicar ‘‘todos los procedimientos legales para que todo este trabajo no se venga abajo”.

Otro de los hechos que Moragues denunció en su momento es que las papeleras tienen una actividad contaminante y recordó que el Ministerio de Medio Ambiente firmó un convenio con la Asociación Española de Papeleras con la finalidad de ofrecer ayudas para predepurar este tipo de empresas.

Moragues lamentó que la empresa objeto de la denuncia ‘‘ni siquiera se presentó”. Afirmó que en 2003, al Ayuntamiento de Alzira ‘‘se le archivaron los expedientes sancionadores iniciados por la mala calidad de las aguas que se vertían tanto al Verde como al Júcar”.

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