La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas (PP), aseguró ayer que
el ayuntamiento «está sufriendo una persecución política» por parte de
la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a raíz de la denuncia
judicial presentada por este organismo contra el consistorio por la
contaminación de los ríos Verde y Júcar.
Bastidas advirtió de que su gobierno «está estudiando la
posibilidad» de tomar medidas políticas y judiciales contra la CHJ para
«defender la buena imagen de Alzira y sus ciudadanos».
Exhortó también al presidente de la CHJ, Juan José Moragues a que
haga públicos los ayuntamientos a los que pertenecen los más de un
millar de expedientes abiertos por este organismo, que no han sido
llevados por la vía penal.
La primera autoridad local dijo que el consistorio de Alzira «no
puede quedar como el único responsable de la situación del río y por
tanto no consentimos ser la cabeza de turco».
La denuncia ante el juzgado de guardia de Alzira fue presentada a
raíz de la muerte de varios millares de peces el pasado mes diciembre.
Elena Bastidas recordó que su gobierno ha sido el primero en
aprobar una ordenanza municipal de alcantarillado y aguas residuales
que entrará en vigor el próximo 21 de julio en la que se establecen
multas de hasta 3.000 euros a las empresas que viertan sus residuos a
la red municipal sin depurar.
Moragues justificó las actuaciones legales emprendidas contra el
ayuntamiento de Alzira al hacerlo responsable del control de los
residuos industriales que las empresas vierten al río Verde por el
alcantarillado.
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