En las encuestas internas realizadas por los inspectores de servicio Gonzalo Cedrún Rábago y Teresa Mosquete Pol, se ha puesto de manifiesto la dificultad que existía para identificar al infractor. Antes, en los expedientes sancionadores por ampliación de riego o riego ilegal se notificaba la incoación del expediente únicamente al regante, el cuya alegaba a menudo no ser el propietario de ninguna parcela denunciada, a la vez que ocultaba su condición de arrendatario. Asimismo, cuando el propietario era denunciado, éste alegaba no haber efectuado riego alguno debido a que tenía arrendada la tierra. Esto ocasionaba que cuando se denuncia por segunda vez ya había pasado el plazo para notificar.

Para evitar esta picaresca, en la actualidad se ha cambiado el procedimiento: una vez conocidas las coordenadas de la parcela, se localiza al propietario a través de los datos del Catastro que facilita el Ministerio de Hacienda y se inicia el expediente sancionador.

Este expediente se archiva cuando el propietario facilita los datos del arrendatario y se incoa el verdadero expediente. «Esto explica el elevado número de expedientes por riegos ilegales que finalizan con el archivo», apunta el informe de la Inspección.