URBANISMO

Europa reprocha a la Generalitat que haya tramitado mil PAI con la LRAU en 15 meses   La Conselleria de Territorio sólo reconoce haber aprobado 69 planes reclasificatorios en dos años

 

cullera. Plan de la Bega que promueve el ayuntamiento en suelo urbanizable.

Laura Ballester, Valencia

La Comisión Europea (CE) reprocha al Consell la adjudicación de 1.000 programas de actuación de integrada (PAI) en apenas quince meses, según consta en la última carta de emplazamiento enviada a la Generalitat para comunicar el nuevo expediente de infracción abierto contra la ley urbanística valenciana (LUV) por incumplir varias directivas europeas. El ejecutivo comunitario considera que «las autoridades españolas [en referencia a la Generalitat y los ayuntamientos, que son quienes ostentan las competencias urbanísticas] deberían haber tomado medidas para cancelar contratos adjudicados después del 21 de marzo de 2005, que aún no no se habían ejecutado y podían razonablemente cancelarse», para evitar adjudicar más PAI conforme a la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU). La fecha del 21 de marzo de 2005 a la que alude la CE es la primera ocasión en que se comunicó a España el expediente de infracción abierto contra la LRAU.


Pero las autoridades españolas no sólo no hicieron caso omiso sino que permitieron que se produjera una nueva avalancha de PAI a finales de 2005 y principios de 2006. Los promotores y los ayuntamientos pretendían evitar la entrada en vigor de la LUV, tramitar los planes urbanísticos con la LRAU, además de querer eludir otro cambio legal introducido en la ley de ordenación del territorio (LOT) (la cesión obligatoria de un metro cuadrado de suelo protegido por cada metro reclasificado en todos los PAI). Esta actitud es, si cabe, aún más grave ya que la Comisión Europea dio un ultimátum a la Generalitat el 15 de diciembre de 2005 [a través de un dictamen motivado, un escrito que si no se llega a a un acuerdo entre las partes ya se resuelve ante el Tribunal de Justicia Europeo].
Precisamente, la Comisión Europea considera que «las autoridades españolas deberían haber tomado medidas después del 15 de diciembre de 2005 para cancelar contratos que no habían sido ejecutados y podían razonablemente cancelarse en aquel momento y para evitar la adjudicación de más contratos conforme a la LRAU», según se apunta en la carta de emplazamiento, que constituye la respuesta oficial a las explicaciones dadas por la Generalitat que no han convencido a Europa.

Principio de confianza legítima

Según el Consell, «la LUV no podría haberse aplicado de forma retroactiva a los PAI ya adjudicados en base a la LRAU porque hubiera supuesto una violación del principio de la confianza legítima». Además, la Conselleria de Territorio aseguró a los responsables de la Comisión Europea que «contrariamente a lo que parece que ha publicado la prensa española, las cifras de PAI adjudicados desde marzo de 2005 y, en particular, durante el mes de enero [el último de vigencia de la LRAU] era extremadamente pequeña» y que «proporcionarían datos fehacientes que así lo mostraban» además de demostrar que «habían tomado medidas para impedir la adjudicación de contratos en base a la LRAU». La Generalitat envió el 17 de marzo de 2006 una tabla en la que sólo reconocía haber aprobado 69 PAI reclasificatorios de suelo en 2004 y 2005. Igualmente, adjuntaron la circular remitida por el conseller de Territorio, Rafael Blasco, a todos los ayuntamientos el 30 de junio de 2004 en las que recordaba que «la LRAU estaba en trámite de modificación» y en la que les instaba a que «tener en cuenta en la adjudicación de PAI las consideraciones de la nueva ley que sustituiría a la LRAU», como prueba de que habían frenado la tramitación de PAI.