La Generalitat intenta paralizar las obras del trasvase
Júcar-Vinalopó en los tribunales El Gobierno
valenciano impugna las adjudicaciones pese a la gravedad de la
sequía
J. Sierra, Valencia
El Consell de la Generalitat
Valenciana ha recurrido en la sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia los cinco concursos de obra
convocados por Aguas del Júcar para ejecutar el proyecto del
trasvase Júcar-Vinalopó.
La interposición
del recurso va más allá de las críticas
políticas a la decisión del cambio de trazado o a los
argumentos que utilizó el Gobierno central para tomar esta
decisión y supone en la práctica un intento de parar
judicialmente unas obras que, por otro lado, el Gobierno valenciano
reclama como urgentes vinculandolas a la sequía y «a la
resolución del principal problema medioambiental de la
Comunitat valenciana: la sobreexplotación del acuífero
del Vinalopó». Fuentes próximas a la sociedad
estatal Aguas del Júcar destacaron que la interposición
del recurso contra las obras es un paso de «no retorno»
en el sentido de que desvela que «los únicos y
verdaderos intereses de la Generalitat son desgastar al gobierno y no
resolver el problema del agua de los agricultores del Vinalopó».
Según estas fuentes el recurso trata de impedir todo el
proceso administrativo iniciado en enero de este mismo año y
que desembocará en una próxima adjudicación de
las obras de los cinco nuevos tramos «y el inicio de los
trabajos antes de que acabe el año». El proyecto
modificado ha superado también la fase de Declaración
de Impacto Ambiental, un paso que permite el inicio de las
expropiaciones.
Aguas del Júcar espera que en 2008 llegue
el agua a la balsa de Alorines, en el Vinalopó, y justifica el
cambio de toma con argumentos que van desde la menor contestación
social en la cuenca cedente y a que incluso en un año seco
como el actual se habrían trasvasado ya unos 40 hectómetros
cúbicos, algo «inviable» desde la toma de Cortes
de Pallás, aseguran.
El recurso al que ha tenido acceso
Levante-EMV ha sido interpuesto por la abogacía general de la
Generalitat adscrita a la conselleria de Presidencia.
Sin
embargo, la autorización expresa para «el ejercicio de
acciones contra concursos públicos convocados por Aguas del
Júcar» parte de una resolución firmada por el
conseller de Infraestructuras y Transporte José Ramón
García Antón.
El recurso contra los proyectos de
obras del trasvase se presenta para «proteger» a la
Generalitat y se dice que el trasvase «en los términos
que postulamos es el único medio para dar solución, en
el contexto de la planificación hidrológica a la cuenca
deficitaria,que afecta esencialmente, pero no solo, a la provincia de
Alicante». Para el Consell, los concursos impugnados «suponen
en la práctica instrumentar la decisión de de sustituir
la alternativa aprobada por otra mucho más costosa, afectando
ostensiblemente a entornos medioambientales».
